Javier Milei pone fecha de vencimiento al subrégimen industrial de Tierra del Fuego.

El impacto de esta medida se inscribe en un contexto delicado. Desde su creación en 1972, el régimen de promoción industrial —basado en la Ley 19.640— permitió consolidar una estructura productiva en una región atravesada por desafíos logísticos, climáticos y geopolíticos. Sin embargo, con la extensión del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el país, ese esquema pierde su principal razón de ser.

El RAF es un instrumento clave que habilita a las empresas a importar insumos y componentes sin abonar aranceles ni impuestos internos, siempre que sean utilizados en procesos productivos. Hasta ahora, esta herramienta funcionaba como una ventaja exclusiva para la industria fueguina, permitiéndole competir con productos importados en los grandes centros urbanos. Con el nuevo decreto, ese beneficio se generaliza, eliminando el incentivo diferencial que justificaba producir en la isla.

Las consecuencias son inmediatas y profundas. En primer lugar, se genera un fuerte desincentivo territorial: sin ventajas comparativas, las empresas tenderán a relocalizar su producción en zonas con menores costos logísticos. Esto implica una pérdida de competitividad para ciudades como Río Grande y Ushuaia, donde la actividad industrial es el motor económico central.

En segundo término, se abre un escenario de posible desinversión. Las compañías que hoy operan tanto en el continente como en la isla podrían concentrar sus operaciones en ubicaciones más eficientes desde el punto de vista de costos. Finalmente, el impacto social no es menor: el sostenimiento de una población de más de 200.000 habitantes queda en entredicho si el entramado productivo comienza a retraerse.

En paralelo, algunos de los principales actores del sector ya muestran señales de reconfiguración. El Grupo Mirgor, vinculado a Nicolás Caputo, ha avanzado en una estrategia de expansión regional que trasciende a Tierra del Fuego. Con inversiones proyectadas por más de 400 millones de dólares, la compañía impulsa nuevos desarrollos como la planta ONTEC en Baradero, evidenciando un corrimiento del eje productivo hacia el continente.

Este proceso no es casual ni aislado. Forma parte de una lógica empresarial que prioriza eficiencia y escala en un contexto donde los incentivos territoriales comienzan a desaparecer. La reorganización de estructuras ejecutivas y cadenas de suministro refuerza esta tendencia, consolidando un modelo menos dependiente del enclave fueguino.

El interrogante de fondo es inevitable: si el régimen industrial fue concebido como una herramienta de soberanía para garantizar la presencia argentina en un territorio estratégico, la nueva normativa parece ir en sentido inverso. Al diluir los beneficios que sostenían la actividad económica en la provincia, el Estado reduce el atractivo para la inversión y, en consecuencia, debilita las condiciones de arraigo poblacional.

En ese marco, el debate trasciende lo estrictamente económico. La continuidad del proyecto fueguino está íntimamente ligada a la presencia efectiva de población, industria y desarrollo en el sur del país. Sin estos elementos, la dimensión territorial de reclamos históricos —como los vinculados a Malvinas o la Antártida— corre el riesgo de vaciarse de contenido real.

Fuente: Agendamalvinas.