El Gobierno dispuso la desclasificación de toda la documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.

Adorni precisó que el presidente Javier Milei instruyó la desclasificación de toda la documentación existente sobre el accionar militar durante la última dictadura, extendiendo la medida a cualquier otro material que, aunque producido en distintos períodos, tenga vínculo con las Fuerzas Armadas.

Durante su mensaje, el vocero afirmó que con esta decisión “los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial”.

También indicó que “esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos, en manos de la SIDE y la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”. El decreto mencionado fue dictado durante la gestión de Cristina Kirchner, aunque no llegó a ser ejecutado en su totalidad.

Adorni relató, además, los hechos ocurridos el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, cuando un grupo armado atacó al capitán Viola y su familia. “Un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptó el auto en el que el capitán viajaba con su familia: su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tan solo tres años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021, después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80″, detalló.

En las primeras horas del día, el oficialismo difundió un video de casi 20 minutos, protagonizado por el escritor Agustín Laje, uno de los referentes de la llamada “nueva derecha” y residente en España. En la grabación, Laje expone los argumentos que impulsa La Libertad Avanza en su denominada batalla cultural, buscando instalar el concepto de “Memoria completa”.

La difusión de estos anuncios tuvo lugar horas antes de una masiva movilización convocada por diversas organizaciones sociales y políticas en Buenos Aires —con epicentro en la Plaza de Mayo— y en distintas ciudades del país. Las marchas se realizaron para exigir justicia y reiterar el reclamo por la aparición de los 30 mil detenidos desaparecidos, cifra que fue objetada en el video divulgado por el oficialismo.

En un segundo video publicado cerca del mediodía, Adorni reiteró que “esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”, y explicó que los archivos serán transferidos desde la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación.

El vocero argumentó que “durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo”.

Asimismo, Adorni confirmó que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia Viola como un crimen de lesa humanidad. Al no estar considerado como tal hasta ahora, la Justicia no podía avanzar con el pedido de la familia para reabrir la causa.

Finalmente, la Oficina de la Presidencia informó a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter) que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.