“La educación no puede esperar”: padres fueguinos exigen respuestas ante la crisis educativa.

En diálogo con Radio Universidad, Luis Santacruz, padre autoconvocado de Ushuaia, expresó el profundo malestar de las familias ante la falta de respuestas oficiales. “La educación no puede esperar. Los chicos están pagando el precio del abandono. Ya no confiamos en los discursos, queremos hechos”, manifestó.

El referente social criticó lo que definió como una “desidia política generalizada”, señalando que los funcionarios “se pasan la responsabilidad unos a otros, mientras las escuelas se caen a pedazos”. Según denunció, no hay planificación ni inversión sostenida, y los estudiantes pierden días, semanas e incluso meses de clases por la falta de gestión.

Entre los principales reclamos, los padres solicitaron formalmente a la Legislatura provincial que declare a la educación como servicio esencial, para impedir que paros, desobligaciones u otros conflictos gremiales afecten la continuidad del ciclo lectivo. “No se puede seguir tomando a los chicos como rehenes de los problemas políticos. La educación debe estar por encima de todo eso”, enfatizó Santacruz.

El padre también cuestionó la modalidad de “desobligación” aplicada por el gremio docente SUTEF, a la que calificó como “un paro encubierto”, y subrayó que la crisis educativa “ya no es técnica ni administrativa, sino política”. “No se puede hablar de calidad educativa si no hay aulas seguras, baños en condiciones o calefacción en pleno invierno”, remarcó.

Santacruz valoró además el dictamen del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien en una causa vinculada reconoció la obligación del Estado de garantizar la continuidad del servicio educativo. “Ese dictamen deja en claro que esto ya no es un reclamo vecinal, es una cuestión institucional y de derechos”, sostuvo.

Por último, criticó el silencio de las autoridades provinciales, al señalar que “ningún funcionario da la cara”. “Ni el Ministerio de Educación, ni los legisladores, ni los intendentes asumen la responsabilidad política de garantizar el derecho a la educación”, afirmó.

En ese sentido, los padres pidieron la apertura de un canal de diálogo real entre el Gobierno, los docentes y las familias. “El conflicto no se resuelve con sanciones ni con propaganda. Se resuelve escuchando, invirtiendo y cumpliendo con lo que la Constitución manda: que la educación pública sea gratuita, inclusiva y de calidad”, concluyó.