Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares y el Gobierno apuesta a una amplia aprobación.

El eje central de la reforma es modificar el criterio actual de protección ambiental, pasando de la intangibilidad absoluta a un esquema selectivo basado en la función hídrica. Esto implica que se mantendrán restricciones estrictas en glaciares y zonas que cumplen un rol clave en la provisión de agua, pero se habilitaría la evaluación de proyectos en otras áreas mediante estudios de impacto ambiental.

Según los fundamentos técnicos que acompañan la iniciativa, la normativa vigente establece prohibiciones amplias sin diferenciar entre sectores con relevancia hídrica y aquellos que no cumplen esa función. En ese sentido, la reforma propone un análisis caso por caso, en lugar de una restricción uniforme en todo el ambiente periglacial.

El proyecto también refuerza el rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental, en línea con su dominio sobre los recursos naturales. No obstante, este punto genera interrogantes sobre la uniformidad de los controles y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

El concepto de función hídrica aparece como clave en el nuevo esquema, ya que define qué áreas quedarán bajo mayor protección. Sin embargo, persisten dudas sobre la delimitación precisa del ambiente periglacial y sobre cómo se implementará el sistema en la práctica.

En este contexto, el debate en Diputados no solo definirá cambios en la ley, sino también el alcance de la protección de los recursos hídricos en zonas estratégicas del país.