Diputados ponen bajo la lupa la ruta entre Chile y Malvinas por sus implicancias para la soberanía.
Atlántica Noticias
Diputados nacionales del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución para invitar al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, con el objetivo de obtener precisiones sobre la anunciada ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
La iniciativa apunta a esclarecer los alcances de la conexión, la eventual intervención de las autoridades chilenas en su puesta en marcha y sus posibles implicancias para los intereses argentinos en el marco de la disputa de soberanía sobre el archipiélago.
Según información periodística publicada el 11 de octubre, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre un servicio marítimo regular mediante el buque Danstar, destinado al abastecimiento comercial de las islas.
Frente a ese anuncio, los legisladores consideran necesario conocer las características de la operación, el tipo de mercaderías que se transportarían y los servicios logísticos que podrían prestarse a través de la nueva conexión.
La preocupación por las actividades hidrocarburíferas
Uno de los principales interrogantes planteados en el proyecto es si la ruta marítima se limitará al abastecimiento comercial de la población de las islas o si también podría brindar apoyo logístico a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
En ese sentido, los diputados solicitaron información sobre la embarcación involucrada, su bandera, las mercaderías que transportaría y la eventual prestación de servicios a empresas vinculadas con proyectos desarrollados bajo autorizaciones británicas en territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina.
Los legisladores remarcaron que estos aspectos requieren información oficial para determinar el alcance real de la operación. Por el momento, la posible vinculación de la ruta con emprendimientos petroleros constituye una cuestión que el proyecto busca esclarecer y no un hecho confirmado.
El reclamo argentino y la posición diplomática de Chile
Entre los fundamentos de la iniciativa, los diputados señalaron que la nueva conexión debe analizarse teniendo en cuenta la posición diplomática que Chile sostuvo históricamente respecto del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes.
En ese marco, hicieron referencia a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera insta a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica y negociada a la controversia de soberanía, mientras que la segunda llama a evitar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúan las negociaciones.
Los legisladores sostuvieron que la apertura de una nueva conexión comercial plantea interrogantes diplomáticos y económicos que justifican solicitar explicaciones a las autoridades chilenas.
“Resulta especialmente importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa”, expresaron en los fundamentos del proyecto.
El alcance de la Ley 26.659
La iniciativa también propone examinar si existen circunstancias que ameriten analizar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias, que establece restricciones y sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
El planteo está relacionado con la necesidad de determinar si la conexión marítima podría facilitar, directa o indirectamente, operaciones logísticas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
Sin embargo, el proyecto no confirma que el servicio vaya a abastecer emprendimientos petroleros ni establece que la operación comercial implique, por sí misma, una infracción a la legislación argentina.
Un pedido de explicaciones diplomáticas
La convocatoria propuesta busca que el embajador chileno aporte información oficial sobre los objetivos, las condiciones y los alcances de la ruta marítima, además de precisar el grado de participación de las autoridades de su país en la implementación del servicio.
De avanzar la iniciativa, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto podrá contar con mayores elementos para evaluar las posibles consecuencias de la conexión comercial sobre los intereses argentinos y las relaciones bilaterales con Chile.
Por ahora, el proyecto pone el foco en la necesidad de esclarecer las características de la operación anunciada y determinar si existe alguna vinculación con actividades económicas en áreas sujetas a la disputa de soberanía. El objetivo de los legisladores es obtener respuestas oficiales antes de establecer conclusiones sobre sus eventuales implicancias diplomáticas, económicas y jurídicas.
