El conflicto por el puerto de Ushuaia suma un nuevo capítulo judicial

La Fiscalía de Estado amplió la denuncia contra funcionarios nacionales por impedir inspecciones ambientales provinciales. La causa incluye cuatro episodios y tramita ante el Juzgado de Instrucción de María Cristina Barrionuevo.
 
Política17/11/2026Atlántica NoticiasAtlántica Noticias
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La intervención federal del Puerto de Ushuaia enfrenta un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego amplió una denuncia penal contra funcionarios nacionales por presuntamente obstaculizar el ingreso de inspectores ambientales provinciales al establecimiento portuario.

La presentación, impulsada por el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, comprende cuatro episodios ocurridos entre agosto y octubre de 2026, cuando distintas comitivas provinciales no pudieron realizar inspecciones previamente comunicadas.

Los controles tenían como objetivo verificar el almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, además de inspeccionar instalaciones y posibles afectaciones ambientales.

La denuncia alcanza al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, y a otros funcionarios y agentes que habrían intervenido en las restricciones de acceso.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían configurar abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia, entre otras figuras contempladas en el Código Penal.

En el marco de la investigación, se solicitó documentación sobre órdenes, comunicaciones internas, protocolos de seguridad y registros de acceso, además de identificar a quienes impartieron y ejecutaron las instrucciones cuestionadas.

Uno de los antecedentes centrales es que los inspectores provinciales finalmente lograron ingresar al puerto mediante una orden judicial de registro y con intervención de la fuerza pública.

La causa busca determinar si existieron instrucciones de autoridades nacionales para impedir las tareas de fiscalización ambiental y establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

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