Histórica marcha por la memoria y advertencias sobre el riesgo de los juicios de lesa humanidad: con solo tres abogados para 10.000 víctimas, la continuidad de las causas está amenazada.

Encuentros entre legisladores y represores, reuniones de funcionarios con defensores de genocidas, mensajes provocadores del presidente Milei, despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y, recientemente, la drástica reducción del equipo de abogados querellantes en juicios de lesa humanidad configuran un panorama preocupante. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actualmente solo hay tres abogados de la querella estatal para atender causas que involucran aproximadamente 10.000 víctimas de la última dictadura cívico-militar. A nivel nacional, apenas quedan 12 letrados para impulsar estos procesos. Especialistas advierten que este vaciamiento puede generar una “parálisis” en los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por estos motivos y muchos más, organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil volvieron a marchar este lunes, para reafirmar que Argentina es un país con memoria.

Las renuncias de los abogados se produjeron en ciudades clave como Buenos Aires, La Plata y Rosario, motivadas por rebajas salariales y otras medidas del gobierno. Actualmente, estas tres son las únicas localidades que aún cuentan con representación querellante por parte de la Secretaría.

Fernando Almejun, abogado querellante en causas de lesa humanidad por la Secretaría de Derechos Humanos, explicó a El Destape que muchos de los letrados desplazados tenían causas en pleno juicio o en etapa de instrucción. “Resulta una tarea imposible de realizar para tan pocos abogados poder ejercer las querellas que impulsa la Secretaría hasta el día de hoy”, advirtió. Por ejemplo, en el AMBA, solo tres abogados deben atender casos emblemáticos como los de la exESMA, Campo de Mayo y el circuito ABO, donde se investigan crímenes que afectaron a unas 10.000 víctimas.

Un reciente informe del Ministerio Público Fiscal detalló que hay actualmente 258 causas en instrucción —etapa en la que aún se están recabando pruebas—, 63 causas elevadas a juicio y 14 juicios en curso. Para intervenir en todas estas causas, la Secretaría de Derechos Humanos dispone únicamente de 12 abogados en todo el país. “En algunos lugares donde la Secretaría de Derechos Humanos es la única querellante, es probable que existan dilaciones y parálisis de algunos procesos e investigaciones”, advirtió el abogado especialista en derechos humanos Rodolfo Yanzón.

Yanzón calificó los despidos en el área de derechos humanos como parte de “la política de este gobierno que reivindica la dictadura y obviamente trata de desligar al pueblo argentino de todo proceso de memoria”. Además, alertó: “Lo más preocupante es que han dejado afuera del Estado a profesionales que se han venido especializando en la temática y eso es una pérdida de conocimiento sustancial”.

Las maniobras de los represores para eludir condenas

A lo largo de estos más de 15 meses de gestión, los ataques a las políticas de memoria no se limitaron a despidos y recortes. Hubo también declaraciones explícitas de funcionarios como la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Defensa, Luis Petri, en favor de represores. Incluso, Petri participó de actividades junto a Cecilia Pando, reconocida defensora de genocidas de la última dictadura. Desde el retorno de la democracia, los juicios por crímenes de lesa humanidad han sido una política ejemplar en el mundo, con más de 1.000 personas condenadas desde 2006 gracias, en gran parte, a la querella impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, desde que Milei asumió la presidencia y Mariano Cúneo Libarona encabeza el Ministerio de Justicia, el equipo legal de la Secretaría se redujo de 26 a solo 12 abogados: tres renunciaron y 11 fueron despedidos. Cuatro de ellos se desempeñaban en la Ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba y los restantes en Bahía Blanca, Corrientes, Mar del Plata y Mendoza.

Pando también participó de un hábeas corpus presentado por organizaciones defensoras de represores, en el que alegaban presuntas condiciones inadecuadas en las cárceles y la avanzada edad de los detenidos como atenuante. Este pedido derivó en un requerimiento de informes por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones. Sin embargo, el escrito omitía que los firmantes estaban privados de libertad por crímenes de lesa humanidad. En su respuesta, el Servicio Penitenciario no solo rechazó la existencia de "superpoblación", sino que detalló que los represores gozan de beneficios como caminatas guiadas, clases de tenis, flexibilidad, reeducación postural e incluso piano.

El estado actual de los juicios

El pasado 20 de marzo, el Ministerio Público Fiscal publicó un informe actualizado sobre el estado de los juicios de lesa humanidad desde 2006 hasta la actualidad, con corte al 17 de marzo. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, "tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, en las cuales fueron condenadas 1.197 personas y resultaron absueltas 199".

Actualmente, hay 14 juicios en trámite, 63 causas elevadas a juicio pendientes de debate y 258 en instrucción.

El informe también precisó que "suman 502 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad y, a la fecha de cierre de los datos, 27 fueron indagadas y esperan la resolución de su situación procesal. En la fase de instrucción hay actualmente 401 personas procesadas, fueron sobreseídas 118 y otras 158 cuentan con falta de mérito". Además, se indicó que "615 personas se encuentran detenidas, 1.489 están en libertad y 33 continúan prófugas". El relevamiento destaca que, desde 2016, la cantidad de imputados en libertad supera ampliamente a la de los detenidos. De las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan de arresto domiciliario, 61 están alojadas en unidades penitenciarias y 56 en la Unidad Penitenciaria N°34, situada en Campo de Mayo.