El Gobierno mantendrá los pliegos de los jueces designados en la Corte y aseguró que García Mansilla puede continuar hasta noviembre.

Francos confirmó que el Gobierno no retirará los pliegos de los jueces designados por decreto para integrar la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, antes de la sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para discutir el tema.

“A los efectos de pronunciarme en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, dado el objeto de las actuaciones, pongo en su conocimiento que carezco de interés acerca de la decisión que eventualmente pudiera recaer en las actuaciones de referencia. Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, expresó Lijo.

El debate en torno a la validez del decreto 137, firmado por el presidente Javier Milei para designar en comisión a Lijo y García Mansilla, está actualmente en manos del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. En ese contexto se han presentado múltiples acciones judiciales. Entre ellas, se destaca la presentada por la exdiputada Elisa Carrió, quien presentó un Amicus Curiae en el que calificó el decreto como “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable”.

Carrió sostiene que el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para designar a los magistrados vulnera la Constitución, los tratados internacionales y principios básicos del sistema republicano como la independencia judicial y la división de poderes.

A pesar de las críticas, la Corte Suprema no cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla mediante decreto. Como prueba de ello, a García Mansilla se le tomó juramento la misma semana en que se publicó su nombramiento en el Boletín Oficial, sin considerar los cuestionamientos judiciales. En el caso de Lijo, la situación continúa indefinida, ya que la Corte rechazó el pedido de licencia concedido por la Cámara Federal. Para asumir, debería renunciar a su cargo de juez. Mientras tanto, el tratamiento de los pliegos permanece en el Senado.

A diferencia de García Mansilla, Lijo ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Incluso, a fines del año pasado, diversos sectores aseguraban que reunía los votos necesarios para alcanzar los dos tercios requeridos en la Cámara Alta. Sin embargo, actualmente algunos referentes políticos ponen en duda ese respaldo.

El conflicto en torno a su licencia impidió que Lijo asumiera. Tras conocerse su designación, solicitó licencia en la Cámara Federal, pero la Corte no la avaló. Posteriormente, comunicó que no está dispuesto a renunciar a su actual cargo en los tribunales de Comodoro Py y tampoco impugnó la decisión de la Corte. Resta ver qué rumbo tomará su pliego en el Senado.

Rechazo a la moratoria jubilatoria

Fuera del debate por la Corte, Francos también abordó otros temas de la agenda política. En cuanto a las propuestas de la oposición para reactivar la moratoria previsional, expresó: “El gobierno no va a aprobar ningún proyecto de esta característica que no tenga establecido cómo se financia, esta es la realidad. Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado. El gobierno no está de acuerdo con la prórroga del sistema”.

Respecto de las negociaciones salariales, señaló que “las condiciones macroeconómicas han cambiado” y que “el gobierno pretende que los acuerdos salariales estén de acuerdo con inflación que tiene el país, diferente y baja. Entiendo que los acuerdos salariales tienen que estar en esos niveles”.

En el terreno político, reafirmó la intención del Ejecutivo de alcanzar un acuerdo con el PRO: “Estamos bien predispuestos a llegar a un acuerdo”. Agregó que “hay una negociación distrito por distrito, algunas son locales y otras nacionales”, y destacó que “el gobierno está preocupado por una negociación nacional, porque lo que buscamos es tener una representación parlamentaria mayor a la que tenemos ahora, imagínense si tuviéramos una representación mayor”.

Consultado sobre un eventual rechazo en el Senado, fue categórico: “El gobierno no va a retirar los pliegos”, y recordó que “ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto, y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año. Lijo no ha asumido. Veremos qué hace. Mansilla puede seguir en su cargo constitucionalmente”.

Los dos jueces fueron designados por el Poder Ejecutivo y se encuentran en el centro de un debate político que sigue abierto en el Senado. García Mansilla ya prestó juramento como ministro de la Corte Suprema al ser designado “en comisión”, mientras que Lijo todavía no asumió.

La Constitución Nacional, en su artículo 99, exige que los jueces de la Corte Suprema sean aprobados por el Senado en sesión pública, con el voto afirmativo de dos tercios de los presentes. En este contexto, el Frente de Todos y parte del radicalismo, encabezado por Martín Lousteau, firmaron dictámenes en la Comisión de Acuerdos que, si bien figuran formalmente como favorables, apuntan a rechazar ambas nominaciones.

Desde el bloque peronista aseguran que con 25 votos en contra, los pliegos serían rechazados. Además, acusan al Gobierno de haber aprovechado el receso legislativo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo para concretar las designaciones “en comisión”, sin respetar los tiempos institucionales del Congreso.

La semana pasada, Lijo envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, quien instruye la causa vinculada a las designaciones en comisión impulsadas por Milei. En ese texto, el juez federal de Comodoro Py reiteró que no renunciará a su cargo —condición que impuso la Corte para poder jurar— y manifestó su expectativa de que el Senado apruebe su pliego, el cual ya cuenta con dictamen favorable.